Dentro de siete meses vencen todas las deudas y obligaciones generadas entre los años 2005 y 2015 que no hayan sido reclamadas.

Las personas que tengan deudas pendientes deben anotar en su calendario esta fecha: el próximo 7 de octubre. Igualmente, las compañías acreedoras, como entidades financieras y aseguradoras, tienen que marcar en rojo ese día, ya que es el límite para que reclamen las deudas pendientes con clientes, que se generaron entre el 7 de octubre de 2005 y la misma fecha de 2015.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) confirma lo que ya estableció en 2015 la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), con la que se modificó el artículo 1.964 del Código

Civil. El pleito que llegó hasta el alto tribunal analizó el enfrentamiento entre una comunidad de propietarios del municipio tinerfeño de Icod de los Vinos que contrajo una deuda de 2.000 euros con una promotora en 2009. El crédito se generó debido a la petición de aquella cantidad con el fin de contratar el suministro eléctrico en la urbanización.

La promotora presentó una demanda ante el juzgado de primera instancia en 2016, reclamando el dinero que le debían los vecinos. La demanda fue desestimada, ya que se alegó que la acción había prescrito. Pero el proceso llegó hasta el Supremo, que recordó lo establecido en la reforma de 2015 de la LEC.

Esta modificación supuso una notable reducción del plazo de prescripción de las deudas. Como subraya Benjamín Prieto, socio de Andersen Tax & Legal, «el cambio de la LEC implicó que el vencimiento de deudas pasaba de quince a cinco años». Es decir, las adquiridas antes del 7 de octubre de 2005 vencen en quince años, mientras que las nacidas entre ese día y la misma fecha de 2015 cumplen el 7 de octubre de este año.

«A las nacidas a partir de 2015 se les aplica también el nuevo plazo de cinco años», explica el socio de Andersen Tax & Legal.
Contar con menos tiempo en el vencimiento de deudas puede verse desde dos prismas. Para el deudor es algo que juega a su favor, ya que el tiempo para que formalicen lo impagado se ha acortado. Antes de la reforma, como señala Prieto, «podían encontrarse con que, después de muchos años, se les reclamaba el dinero que debían, al que había que sumar los intereses acumulados durante ese tiempo».

Cuentas insatisfechas

Por el contrario, para las acreedoras, la reducción temporal a una tercera parte es una desventaja. «Antes de la reforma contaban con más margen para exigir», señala.

¿Qué pueden hacer estas compañías? Antes del próximo mes de octubre, los acreedores «deberán interponer la reclamación judicial correspondiente, o bien realizar algún acto que interrumpa dicha prescripción para volver a disponer de un nuevo plazo de cinco años para pedir la devolución del dinero», detalla Prieto.

En cualquier caso, el tiempo corre, y tanto deudores como acreedores deben revisar sus papeles para comprobar si tienen cuentas que saldar. Las reclamaciones pueden ser muy variadas. Desde facturas impagadas o rentas de alquiler no formalizadas, hasta requerimientos de perjuicios derivados de productos financieros. En definitiva, quedan poco más de siete meses para exigir cualquier deuda que no haya sido satisfecha en su momento.

El primer listado de deudores tributario se hará público entre el 1 de mayo y el 30 de junio

Pere Aragonès. / JORDI COTRINA
La Agència Tributaria de Catalunya (ATC) ha empezado a enviar notificaciones a quienes tengan deudas o sanciones pendientes de pago por importe superior al millón de euros. Fuentes del departamento de Economía han explicado que se trata de un «primer aviso» para que esos contribuyentes sean conscientes de que, si no regularizan la situación, pueden acabar apareciendo en el primer listado de deudores tributarios elaborado por la ATC, que se hará público entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

Ese listado incluirá a morosos con deudas y sanciones pendientes de pago hasta el 31 de diciembre del 2019, y está formado por contribuyentes que adeudan más de un millón de euros por impuestos que gestiona la ATC, como Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio, principalmente.

Esos primeros avisos se hicieron llegar a los afectados a finales del 2019, en torno a noviembre y diciembre, y tras ese primer aviso, en caso de que la situación permanezca igual, la ATC remitirá en los próximos meses una notificación de carácter oficial, que dará al afectado 10 días para hacer alegaciones antes de ver su nombre publicado en este listado.

En junio pasado, el vicepresidente del Govern y ‘conseller’ de Economía, Pere Aragonès, anunció que por primera vez se publicaría en Catalunya un listado de deudores tributarios que incluiría a los morosos con deudas o sanciones pendientes por un importe superior al millón de euros, una medida incluida en el nuevo plan de prevención y reducción del fraude fiscal del Govern para el periodo 2019-2022.

De esta forma, la Generalitat seguía el ejemplo de la Agencia Tributaria estatal, que cada año publica una lista de morosos. El pasado 3 de octubre se publicó en el ‘Diari Oficial de la Generalitat’ la orden que regula la publicación de esta lista de deudores tributarios, que precisa que la lista incluirá el nombre, apellidos y NIF de cada ‘moroso’, y que en el caso de personas jurídicas se dará a conocer la denominación social completa y el NIF.

En todos los casos se divulgará «el importe total de las deudas y sanciones pendientes de pago», sin desglosar, y esa orden ya aclaraba que se comunicaría a los deudores su propuesta de inclusión a la lista con diez días de margen para que pudiera hacer las correspondientes alegaciones.

Las deudas computables para este caso son aquellas superiores al millón de euros, que no hayan sido pagadas una vez transcurrido el periodo de pago voluntario y que no hayan sido suspendidas o aplazadas. Con el anterior plan de fraude fiscal, el comprendido entre 2015 y 2018, la Generalitat logró aflorar fraude fiscal por valor de 740,54 millones de euros.

Los impagos bajan a menor ritmo y crece la preocupación por el incremento del flujo de impagados hasta junio. El BCE y el Banco de España lo vigilan pero creen que es pronto para hablar de un cambio de tendencia.

Los impagos de los créditos son una amenaza para la solvencia de los bancos, pero también constituyen un indicador de la situación financiera de las familias y empresas y por tanto de la salud de la economía en general. La prueba es que la morosidad comienza a dar síntomas de empeoramiento como consecuencia de la creciente desaceleración global. El volumen total neto de créditos de dudoso cobro sigue reduciéndose, pero a un ritmo más lento y, lo que es más preocupante, con el primer aumento bruto de los nuevos morosos en muchos trimestres.

Los préstamos impagados tienen dos componentes: por un lado la entrada de nuevos créditos en mora, y por otro las salidas, que se deben a distintas causas como que el cliente vuelve a pagar o que el banco ejecuta la deuda y se queda con la garantía (normalmente un inmueble), lo vende dentro de una cartera de créditos tóxicos a una tercera firma, o lo da por irrecuperable y asume toda la pérdida. Los primeros, los nuevos morosos, crecieron en el primer semestre de este año un 8,9%, hasta los 13.500 millones de euros, según datos recientes del Banco de España.

Las mayores salidas, sin embargo, permitieron que el saldo total cayese a los 61.900 millones, el 17,6% menos que un año antes. Este ritmo de reducción, con todo, es muy inferior al de la primera parte del 2018 (26,7%) y se está frenando según pasan los meses. «Es verdad que llama la atención, habrá que ver la evolución en los próximos trimestres. Es posible que esté relacionado con el crédito al consumo (cuya morosidad está creciendo). No creemos que sea un cambio drástico de ciclo, pero es algo a seguir», apuntaron hace unos días fuentes del Banco de España.

Más provisiones

Algunos directivos del sector, sin embargo, son más pesimistas. «Vemos que la morosidad no baja prácticamente. El problema es que cuesta más el recobro. La desaceleración se está empezando a notar», apunta el consejero delegado de una de las principales entidades españolas. «Los créditos impagados bajarán en algunas entidades por las ventas de carteras en bloque, pero ya se ha vendido lo más vendible. Cada día es más difícil vender sin impacto en el capital y los resultados. Y cada vez habrá más entradas nuevas», añade un consultor de una firma especializada en asesorar a bancos.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, resaltó hace unas semanas que la reducción de las provisiones para hacer frente a las pérdidas que suponen los impagos «muestra algunos signos de agotamiento», ya que en el primer semestre crecieron el 3,9%, el primer aumento desde el 2012. «Y no debemos olvidar que, en la actualidad, la tasa de mora (5,24% en agosto) sigue estando todavía significativamente por encima de la registrada antes de la crisis financiera», añadió.

El máximo responsable del supervisor español, además, advirtió a las entidades de que si la situación económica continúa deteriorándose, la «calidad del activo podría empeorar, dado que la capacidad de pago de sus acreditados se vería negativamente afectada. Encontrarían asimismo más dificultades para continuar desprendiéndose de sus activos improductivos».

Nubes en el horizonte

No se trata solo de un problema español. La Autoridad Bancaria Europea señaló recientemente que la «mejora de la calidad de los activos ha continuado, pero a un menor ritmo» en los últimos meses. Andrea Enria, máximo responsable de la supervisión bancaria en el Banco Central Europeo (BCE), advirtió el pasado miércoles de que los «indicadores de calidad de los activos todavía no han vuelto a los niveles precrisis«, algo que es necesario corregir para afrontar la «próxima tormenta, cuyas nubes ya podemos ver en el horizonte».

Según las previsiones de los grandes bancos europeos que ha recogido el BCE, las entidades esperan que las provisiones por impagos aumenten «ligeramente en los próximos años», especialmente en los países que presentan unos niveles más bajos de morosidad. «Eso indica que los bancos piensan que el 2018 puede haber marcado un punto de inflexión en la calidad del crédito en esos países», ha explicado la autoridad monetaria en un artículo de hace unos días.

La situación de la morosidad, es cierto, ha mejorado enormemente desde la Gran Recesión. En Europa, los créditos impagados han bajado de 1,15 billones de euros en junio del 2015 (6% del total de préstamos) a 636.000 millones en junio del 2019 (3%), según la EBA. En España, se han reducido en 126.900 millones desde el máximo de 188.800 millones de diciembre del 2013. Pero una nueva crisis puede alcanzar al sector financiero sin haber reparado las heridas de la anterior.

La morosidad entre empresas también aumenta

Los impagos comerciales, aquellos que se producen entre empresas, también muestran algunos síntomas preocupantes. En el tercer trimestre crecieron el 6,5%, si bien es cierto que a menor ritmo que al cierre del año pasado (9,4%), según la aseguradora Crédito y Caución, del grupo Catalana Occidente.

En el segundo trimestre del 2016, los niveles medios de impago soportados por la empresa española mostraron un deterioro por primera vez en 13 trimestres. Los años 2017 y 2018, apunta la firma especializada en asegurar el crédito, han tenido una evolución similar, con un «suave incremento» de los niveles de impago en un contexto de «creciente incertidumbre».

La firma señala, además, que el 68% de las empresas españolas padece las consecuencias negativas de la morosidad (mayores costes financieros, pérdida de ingresos, límites al crecimiento y la inversión, o amenaza de tener que cerrar el negocio). Y lo que es más preocupante, el 32% sufre impagos significativos y cerca de 85.000 compañías están en riesgo de cerrar a causa de los impagos de otras empresas.

La aseguradora sostiene que el 2019 «consolida el cambio de tendencia» de los últimos años. Desde el 2012 hasta el 2017, explica, la tasa de empresas que sufría impagos significativos no había dejado de caer. Pero en el 2018 y el 2019, precisa, la tendencia se ha roto y una de cada tres empresas sufre ya los peores efectos de la morosidad.

La sentencia del Supremo que exonera también de pagar la deuda a la Administración abre la puerta a extender los procesos

Eduardo Lores consiguió ser exonerado de sus deudas gracias a una sentencia judicial basada en la ley de la segunda oportunidad.  / ANNA MAS

El mecanismo de segunda oportunidad creado para librar a ciudadanos y pequeños empresarios de deudas no ha funcionado a pleno rendimiento hasta ahora. Los administradores concursales agrupados en la asociación profesional Aspac consideran que la última sentencia del 2 de julio del Tribunal Supremo que exoneraba a los créditos públicos de su pago, abre una puerta para que muchos ciudadanos atrapados en  la pesadilla de las deuda impagables puedan encontrar una vía de escape más asumible.

Según esta sentencia, la normativa aplicada hasta ahora tiene una «contradicción», ya que el juez debe aceptar un plan de pagos y al mismo tiempo la Administración mantiene una «ratificación a posteriori» como acreedor. Por ello el Supremo considera que el acreedor público debe ser uno más en el proceso y que de existir exoneración ésta debe ser total.

La idea que impulsan buena parte de los expertos es la necesidad de modificar el sistema de segunda oportunidad, dotándole de mayor flexibilidad para permitir de los morosos sin activos puedan tener una condonación rápida, sin plan de pagos, y que el plan de pagos de las deudas permita eludir incluso la liquidación completa del patrimonio. Esas posibilidades se abrirán con una nueva ley que deberá afrontar el futuro Gobierno. La sentencia del Supremo ha abierto la puerta en forma de jurisprudencia a que los acreedores públicos como Hacienda o la Seguridad Social colaboren en el objetivo de rehabilitar a los deudores.

En opinión de Jordi Castells, administrador concursal y miembro de la junta directiva de Aspac, la ley concursal «no ha sido capaz hasta ahora de dar respuesta  a las nuevas necesidades sociales» y «en cambio los juzgados sí están apuntando por donde puede ir la solución». Castells prevé que la sentencia del Supremo de julio sea «trascendente» para impulsar los casos de segunda oportunidad. «En cuanto los despachos conozcan que la tendencia va a ser permitir la exoneración de las deudas con la Administración existirá un incentivo para presentar casos de segunda oportunidad», opina.

Pese a que la puerta a más exoneraciones está abierta, los expertos advierten del creciente papel de los jueces en el proceso. El mecanismo de segunda oportunidad nació como excepción al principio imperante de responsabilidad patrimonial universal ya que por decisión del juez los morosos dejan de pagar sus deudas para siempre, algo que también puede tener consecuencias para sus acreedores.

Procesos concursales

Por otra parte, los administradores concursales confían en que una nueva ley o la reforma de la del 2015 haga que los procesos concursales para empresas sean más un mecanismo para reflotar empresas que para liquidarlas. La estadística es concluyente en la actualidad y el 90% de las empresas que abordan un concurso de acreedores terminan cerrando. «Los administradores concursales defendemos la detección temprana de la insolvencia, para que las empresas lleguen al concurso en condiciones para tomar medidas efectivas», explica Castells. Tal y como está planteada la ley concursal, el objetivo principal es defender los intereses públicos y ahorrar al erario de costosas indemnizaciones. El despido de plantilla y la refinanciación de deudas son los principales remedios para las empresas a las que todavía les queda una esperanza de supervivencia, reconoce Castells.